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Alberto "cape" Aranda ©www.Kpe1.net
UN CURRO A LA MADRE PATRIA QUE NOS PARIÓ
El barrio. Con la donación se montaron 17 chalets y una casona estilo árabe con pileta de natación y sauna.

Un pueblo español exige €2 millones donados a su homónimo argentino
Pinto de España le dio esa suma a Pinto de Santiago del Estero en 2004 para construir casas para gente pobre. Sólo se hicieron 18 viviendas que terminaron en manos de empresarios sojeros, entre ellos la hija del actual senador Emilio Rached.

Dos millones de euros que deberían haber sido invertidos en viviendas sociales en el pueblo de Pinto, en Santiago del Estero –donados por el pueblo español del mismo nombre– terminaron beneficiando a personas vinculadas con los terratenientes sojeros, entre ellos la hija del ex vicegobernador Emilio Rached, actual senador por el Frente Cívico. El dinero de la Cooperación Española llegó al norte argentino hace unos cinco años pero no fue usado para los pobres de la provincia sino para montar 17 chalets y una casona de estilo árabe con pileta de natación y sauna incluidos que terminó siendo la residencia del ex alcalde del PSOE de Pinto, España, Antonio Fernández, ahora procesado en su país por supuesta malversación de fondos. En el Pinto español el municipio investigó al Pinto argentino: consideran que no pueden demostrar “los criterios de adjudicación y quiénes han sido los adjudicatarios”. Por eso les dieron –publicó ayer El País– 15 días para devolver los dos millones. La historia macondiana une a la Madre Patria con el interior pobre de Santiago desde comienzos de la década. En aquel momento se produjo, en una gira por pueblos españoles, la amistad entre el entonces alcalde del Pinto español, Fernández, y el de Pinto argentino, Emilio Rached. Rached gobernó el pueblo hasta 2005, cuando pasó a ser vicegobernador de la provincia acompañando a Gerardo Zamora. Desde 2007 es senador nacional. Es justamente Rached quien debería explicarles a los españoles cómo es que usó los dos millones de euros en los chalets y la casona que tres meses al año usa su amigo Antonio Fernández, quien se instala cada tanto en el pueblo acompañado por una dama de la zona. Pero el actual intendente de Pinto, Guillermo Ganon, podría pedirle la información con facilidad. Es del mismo partido, su seguidor hace años y dueño de una inmobiliaria local junto a un primo de Rached. Así lo asegura Ángel Strappazzon, uno de los dirigentes del Mocase Vía Campesina –Movimiento Campesino de Santiago del Estero– que ya denunció el gasto superfluo de los fondos ante la Cooperación Española.

El destino de Pinto trocó hace una década, cuando el cambio climático corrió la frontera agrícola hacia el norte argentino e hizo competitivas a las tierras secas para la siembra de soja. Fue cuando comenzaron los desalojos de campesinos que llevaban 100 años en la zona. Strappazzon señala la “paradoja de que no sólo el ex intendente y vicegobernador Rached usó el dinero para montar una mansión para su amigo y chalets de lujo, sino que lo hizo para terminar vendiéndoselos por entre 60 mil y 90 mil pesos a personas con buen pasar, vinculados a los sojeros”. Ése es el procedimiento que quieren conocer los españoles: cómo adjudicaron, cuánto gastaron, por qué hicieron chalets y una mansión. El tema fue debatido el 11 de agosto en un “Pleno extraordinario y monográfico con la Cooperación Internacional con Pinto Argentina”. Otra de las pruebas contra los alcaldes de ambos pueblos de Pinto es un informe crítico de la Federación de ONG de Solidaridad Internacional, SETEM, titulado “Fraude en la cooperación con la Argentina”. Una observadora de la entidad logró entrar a los chalets y a la mansión con pileta y comprobar “que se trata de viviendas para personas de altos recursos que las compraron a precios ridículos y con planes de cuotas”. “Entre los que lograron su casa está el dueño de un supermercado, uno de los veterinarios de las sojeras y la hija de Rached”, asegura Strappazzon. “Para nosotros, ésta es una gran noticia. Hemos intentado de todas las maneras que los españoles entendieran que le habían dado euros no sólo a gente que los usó así, sino, además, socios y empleados de los grandes sojeros como Asfagro S.A., que está acusada de haber hecho un 50% más del desmonte permitido afectando nuestra tierra y condenando más a la pobreza a la gente de la zona”. El pueblo de Pinto tiene poco más de seis mil habitantes. El 70% es pobre. El 40% no tiene trabajo.
04/11/2009

 
 
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