En el emprendimiento apunta a acrecentar la superficie de cultivo del arroz. Según los empresarios, se producirían 120 mil toneladas anuales de granos. La construcción se realizará sobre el río Ayui, en la localidad correntina de Mercedes. El lago artificial regará unas 18 mil hectáreas de plantaciones. Oposición de los ambientalistas.

Los socios de las empresas Copra S.A. cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que planea construir la represa Ayui Grande, sobre el río del mismo nombre, lo bautizaron con el pomposo titulo de “emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur.
Sin embargo, los ambientalistas piensan otra cosa: que la obra en cuestión supone un perjuicio mayúsculo para un ecosistema de las características del Iberá y que es “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”.
La iniciativa, que ya fue presentada oficialmente y se aguarda los dictámenes provinciales que la autoricen, cuenta con un nada despreciable apoyo mediático del suplemento Rural del diario Clarín.
“El proyecto tendrá una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”, se señaló en un artículo publicado la semana pasada por ese suplemento.
El epicentro operativo de la empresas Copra S.A. (del grupo Adeco) y Tupantuva, que integran la Unión Transitoria de Empresas Represa Ayuí Grande, es la localidad correntina de Mercedes.
El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18 mil hectáreas de plantaciones.
Pese a que hubo varios intentos para llevar adelante la obra hacia fines de los 90, las empresas tomaron el año pasado la “fuerte decisión de terminarla”, según explicó a Clarín, José Aranda.
A mediados de mayo, el gobernador correntino, Arturo Colombi, recibió de manos de los empresarios un informe de dos mil páginas sobre los aspectos técnicos y estudios de impacto ambiental y social.
En esa oportunidad, el mandatario señaló que desde la provincia, ““saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento”.
Según una nota de la Fundación Proteger, los principales cuestionamientos provinieron de organizaciones ecologistas de la región y especialistas en medio ambiente.
“Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de 30 kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre, radicado en Mercedes.
Para Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, esta situación quiebra el estado de derecho. “Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia en semejante superficie, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, opinó el ambientalista.
El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391 hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas del embalse artificial.
Para Pedro Healy, integrante de la Fundación, “la provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”.
Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos.
Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas.
“Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera.
“Un emprendimiento privado, con fines lucrativos, no puede adueñarse de algo tan público como un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y especies animales y vegetales”, agregó. Menú | Anterior

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PRESTAMO PARA EL SECTOR MINERO

El Banco Mundial desembolsará 30 millones de dólares para reacondicionar minas de uranio

Lo aprobó hoy el directorio ejecutivo de esa entidad reunido en la sede del organismo, en Washington. Es en apoyo a un programa de reacondicionamiento ambiental para “ayudar al gobierno argentino, específicamente la Comisión Nacional de Energía Atómica, a cumplir con sus obligaciones legales de reacondicionar minas de uranio e instalaciones de molienda cerradas”, según comunicó la oficina de prensa del Banco.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo por 30 millones de dólares, que será destinado a apoyar un “Programa de Reacondicionamiento Ambiental que ayude” a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a cumplir con sus obligaciones legales de reacondicionar de manera permanente las minas de uranio e instalaciones de molienda cerradas, de acuerdo a estándares internacionales para el deshecho y manipulación de materiales peligrosos”.
El mencionado programa financiará la inversión para reacondicionar el antiguo sitio de procesamiento de uranio en Malargüe, Mendoza, donde quedaron 700 mil toneladas de colas, además de proveer asistencia técnica para el diseño de planeamiento e ingeniería de otros siete lugares adicionales.
Además de Malargüe, otros sitios en el país sin remediación son: Tonco, en Salta; Los Colorados, en La Rioja; La Estela, en San Luis; Don Otto, en Salta; el Complejo Fabril San Rafael, en Sierra Pintada, Mendoza; Pichiñán, en Chubut; y el ex Complejo Fabril Córdoba.
Según la información proporcionada por la oficina de prensa de la entidad, “el Banco Mundial se complace de poder contribuir a que Argentina fortalezca su capacidad de manejo de riesgos ambientales en el sector minero”.
El préstamo a tasa fija por 30 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tiene un plazo de vencimiento de 30 años, incluyendo un período de gracia de cinco años.
“El reacondicionamiento y restauración de minas cerradas es un proceso relativamente nuevo en la Argentina; por lo tanto hay poca experiencia en el cierre y limpieza de minas”, dijo el director del Banco Mundial para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Pedro Alba.
“El proyecto asegurará que la herencia de anteriores actividades y cierres del sector minero sea conducido de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y con procedimientos adecuados de consultoría y monitoreo, agregó.
Según el Banco, la iniciativa “ayudará a desarrollar la capacidad de manejo ambiental de la CNEA para planificar y ejecutar intervenciones de reacondicionamiento sustentables y técnicamente correctas en todo el sector del uranio”.
Asimismo, para “apoyar una planificación técnica, ambiental y socialmente responsable de las necesidades de reacondicionamiento de siete sitios en todo el país, usando el sitio de Malargüe como experiencia piloto para la implementación de las actividades de remediación”.
“Trabajaremos junto a la CNEA, agencias gubernamentales y organizaciones ambientales locales para asegurar una completa y activa participación de las comunidades afectadas por la herencia de minas abandonadas?, dijo Glenn Morgan, gerente de proyecto del Banco Mundial para este programa. Menú | Anterior

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Los glaciares argentinos son los primeros protegidos por ley en América latina

El titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), Ricardo Villalba, transmitió a Télam su alegría por la reciente sanción de la ley que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Los glaciares contienen importantes reservas de agua dulce para consumo, riego y producción de energía hidroeléctrica, además de concitar al turismo, destacó un especialista mendocino.

Villalba transmitió a Télam su alegría por la decisión del gobierno nacional adoptada días atrás.

Celebró la reciente sanción de la ley que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y dijo que se trata de "un cambio hacia un nuevo paradigma en la relación hombre-ambiente".

Doctor en Geociencias, Villalba nació en el departamento mendocino de San Rafael e integra el Panel Intergubernamental para el estudio del Cambio Climático (IPCC), un programa de las Naciones Unidas.

En octubre de 2007 su nombre adquirió notoriedad al recibir el Premio Nobel de la Paz compartido entre 150 científicos del organismo internacional.

El científico recibió a Télam en su estudio del IANIGLIA -ubicado en el Parque General San Martín de la capital mendocina-, donde consideró muy valiosa la ley de protección porque "penaliza la dispersión de residuos químicos y de basura sobre los glaciares que genera el turismo masivo no ambientalista".

Destacó que también contempla un castigo por su destrucción para el emplazamiento de obras civiles, la explotación minera y petrolera, tanto sobre los glaciares como en áreas próximas que "puedan afectar la calidad del agua que de ellos emerge", precisó.

La norma, que fue sancionada el 22 de octubre último por la Cámara de Senadores, impone la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que tendrá la responsabilidad de inventariar y monitorear el estado de los glaciares, para su protección, a través del organismo nacional de nivología.

En las regiones áridas de los Andes Centrales, los glaciares y el ambiente periglacial (hielo almacenado entre las rocas) cumple el papel fundamental de proveer agua para consumo y regadío en los oasis del oeste argentino, especialmente en años en que la precipitación nívea es muy escasa, explicó Villalba.

"En esos momentos de escasez nívea es cuando sobresale el rol de los glaciares y los hielos periglaciales en la cordillera", dijo y recordó que "en 1968, 1996 y 2004 casi no nevó y, sin embargo, los ríos cuyanos siguieron aportando agua proveniente de los glaciares".

"Así mantuvieron sus actividades socio económicas y el riego frutícola, vitivinícola, una cultura agrícola con más de 400 años".

En el contexto de sus estudios sobre los glaciares argentinos Villalba observó que como consecuencia del calentamiento global "la mayoría de los cuerpos de hielo -en nuestro país- están en franca retracción".

Al respecto advirtió que "de mantenerse la tendencia muchos de estos glaciares, en especial los más pequeños, pueden desaparecer en las próximas décadas".

El titular del IANIGLIA dijo que la ley sancionada permitirá, además, "monitorear la evolución de los cuerpos de hielo para alcanzar una correcta planificación del recurso de agua en los Andes centrales".

Villalba advirtió que en función del riesgo de retracción "no hay que dejar librado el destino de los glaciares a las actividades humanas que pongan en riesgo su evolución y conservación".

Indicó que los glaciares están en la cordillera de Mendoza, San Juan y La Rioja como elementos proveedores de agua, mientras que en ríos del norte de la Patagonia se registra la generación de más del 25 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

"Más hacia el sur -añadió- tenemos la ciudad de El Calafate, enclavada en el Parque Nacional Los Glaciares, en donde el Perito Moreno es uno de los mayores atractivos".

El experto exhortó a "pensar que necesitamos cuidar nuestro planeta. Somos muchos y los recursos cada vez son más limitados.

Cuidemos el planeta que es la casa donde estamos viviendo", recalcó.

Fuente: Télam Menú | Anterior